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| Ambientalistas quieren evitar el trasvase de aguas no tratadas. (El Carabobeño) |
(Daniel Pabón - dpabon@el-carabobeno.com) ¿Seguirá llegando agua sucia del Lago de Valencia al Pao-Cachinche?, ¿se permitirá que todavía más excedentes sean trasvasados hacia el embalse de los valencianos?, ¿garantizarán las autoridades el derecho a un ambiente sano? Son preguntas que tendrán respuestas en 2014, año en que el llamado Juicio del Agua conocerá sentencia.
En 2013 se comenzó a recorrer el camino de hacer justicia sobre este problema, evaluó Edison Durán Lucena, director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua. Y en 2014, completó, los carabobeños sabrán si existe la posibilidad de solucionarlo a través de la vía judicial. “Veremos si el Estado es capaz de garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos o si está al servicio de defender la imagen del Gobierno”.
La activación
Luego de 13 meses de espera, en mayo pasado el Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un recurso de amparo que busca proteger los derechos humanos fundamentales a la salud, al agua potable y a un ambiente sano de tres millones de venezolanos. “El TSJ se lavó las manos”, rechazó el vocero, al recordar que la máxima instancia declinó esa competencia a los juzgados de municipio, por tratarse de un servicio público.
El Juzgado Tercero del área metropolitana de Valencia conoce la demanda desde el 11 de junio pasado, cuando la admitió. “Un procedimiento que ha debido ser, según ordenan las leyes, expedito, rápido y vinculante, se ha convertido más bien en otra instancia donde el gobierno y los poderes públicos han tratado de frenar el avance de una solución”, ponderó Durán Lucena.
¿Por qué lo dice? A la fecha ya debería haber una sentencia firme y vinculante sobre los cuatro puntos de la reclamación contra Hidrocentro por deficiente prestación del servicio de agua potable y saneamiento: que el suministro de agua sea potable; que se salvaguarde la salud de los millones de habitantes de la región abastecidos por la cuenca del Pao; que una medida cautelar proteja los embalses de los efectos ocasionados por el vertido de aguas no tratadas provenientes del Lago de Valencia, y que se evite la pretensión de otro trasvase sin el estudio de impacto ambiental correspondiente.