Movimiento por la Calidad del Agua introducirá otras demandas ante TSJ

Edison Durán, director del Movimiento por la Calidad del Agua, calificó como "realmente decepcionante que el Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de defender los derechos de los ciudadanos, prefiriera hacerse la "vista gorda" frente a un problema que está demostrado a todas luces y que sigue creciendo bajo la indiferencia de los organismos públicos".

El vocero del Movimiento aseguró que en adelante, además de continuar con las investigaciones para reforzar este conocimiento sobre el problema del agua y aportar soluciones, iniciarán otras demandas ante el TSJ, no sólo por la violación al derecho a la información sino por el derecho a la salud, "que es lo que viene ocurriendo en el estado Carabobo".

La decisión de la Sala Constitucional fue declararse sin competencia para conocer la demanda que el movimiento interpuso contra Hidrocentro y el Ministerio del Ambiente el 14 de julio del año pasado, la cual deberá ser conocida y llevada ante un juzgado de municipio, reveló el sábado Lucio Herrera Gubaira, director legal del Movimiento.

"Es el caso en el que interpusimos un recurso de amparo por la publicación de los valores del agua. En ese momento teníamos la sospecha de la magnitud del asunto, pero ahora sabemos que Hidrocentro ha suministrado como agua potable para consumo humano, líquido contaminado que no cumplía ni cumple con las normas venezolanas ni internacionales", detalló Durán.

La organización presentó el año pasado 18 propuestas a Hidrocentro de acciones inmediatas, pero a la fecha no tienen conocimiento de que una sola de ellas se haya implementado.

"El trasvase al Lago de Valencia sigue igual con 5 mil litros por segundo de agua contaminada hacia Pao-Cachinche, la cual sigue llegando sin tratamiento, al igual que la del río Cabriales".

Durán explica que sigue habiendo altos contenidos de cloro en el agua, de manera que todo se mantiene igual y la única mejoría aparente es por el efecto de dilución de aguas de las lluvias, ya que este año han sido muy extensas y atípicas y ha contribuido a mejorar un poco la calidad del agua; pero realmente no se han emprendido acciones concretas para solucionar la contaminación.

"Como somos apegados a las leyes, llevaremos a los organismos, al juzgado municipal, los recursos necesarios, pero en las próximas semanas pediremos al TSJ que se pronuncie por la violación al derecho a la salud, porque si hace un año teníamos la sospecha, ya hoy no. Hay pruebas científicas y técnicas, no sólo el agua contaminada sino de delitos ambientales cometidos por Hidrocentro y que no pueden quedar impunes", explicó.

El Movimiento se comprometió no sólo para análisis, sino aportar soluciones verdaderas y no pañitos de agua caliente.

"Todo esto significa que quienes se surten del agua de Pao- Cachinche siguen y continuarán sometidos a aguas que no poseen los niveles apropiados de potabilidad, y que se han venido manifestando en problemas de salud como diarrea, erupciones en la piel y otros padecimientos".

Cortesía de Mariely Mendoza  (mmendoza@el-carabobeno.com) Vía el Carabobeño

Decisión del TSJ es un “baño de agua sucia” para los Carabobeños.

Dr. Lucio Herrera Gubaira - Director de Asuntos Legales 

Lucio Herrera Gubaira Coordinador General de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores ANAUCO y miembro del Movimiento por la Calidad del Agua, calificó como “un baño de agua sucia” la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarando QUE NO TIENE COMPETENCIA para conocer la demanda del Movimiento Por la Calidad del Agua interpuesta contra Hidrocentro y el Ministerio del ambiente en Julio del 2010. 

La decisión no toca el fondo y declina el conocimiento de asunto en los juzgados de municipio argumentando que se  tratar de una reclamación en el marco de la prestación de un servicio público. Olvidan los magistrados que el acceso a agua potable es hoy un derecho humano fundamental recientemente declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Como derecho humano fundamental debe ser garantizado a los venezolanos, así como disponer de bienes y servicios de calidad y tener acceso a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La decisión declina el conocimiento del asunto al juzgado de municipio donde se distribuya el vital líquido, como si no se tratara de un asunto en el que están inmersos todos los habitantes de los catorce municipios del Estado Carabobo y otros  de Aragua y Cojedes. 

Hemos sido sorprendidos nuevamente con esta decisión que continúa una línea asumida por la sala constitucional recientemente frente a otra demanda colectiva interpuesta por Anauco, esa vez en representación de los usuarios del sistema eléctrico nacional. Pareciera que se pretende imponer una nueva corriente jurisprudencial que declina en juzgados de menor jerarquía el conocimiento de los asuntos de protección  de derechos fundamentales, cuando la Sala Constitucional del TSJ  es la garante del principio de la Calidad de Vida, valor fundamental establecido en nuestra Constitución. 

La Sala en vez de cumplir su función de máxima instancia del Poder Judicial para velar por el amparo y protección de los ciudadanos venezolanos en el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales evade su responsabilidad con argumentos de orden procesal formal y no aborda el tema de fondo sobre si éstos se esta violando y deben ser protegidos.

Nosotros ratificamos nuestro compromiso de  continuar en cualquier instancia defendiendo el derechos de los venezolanos a disponer de servicios de calidad y agua realmente apta para consumo  humano, seguiremos luchando al lado de otras organizaciones ciudadanas y ambientales para que el embalse Pao Cachinche, fuente principal de abastecimiento de agua del estado Carabobo  deje de ser contaminado por agua proveniente del Lago de Valencia o el Rio Cabriales.   Defenderemos el acceso a la información pública como lo es el conocimiento de los parámetros de calidad del agua que establecen el artículo 28 de la CN y el artículo 66 de la Ley Orgánica de Suministro de Agua Potable y Saneamiento. 

Promoveremos la movilización ciudadana y ejerceremos Contraloría Social permanente al Ministerio del Ambiente y  a Hidrocentro para formar los expedientes respectivos y presentarlos a todas las instancias, nacionales e internacionales, como lo hicimos recientemente ante la Comisión  de derechos humanos de la ONU. 

 Y volveremos una y otra vez a demandar la protección de los derechos de los habitantes del estado a Carabobo disponer de agua apta para consumo humando garantizando la calidad de vida que es en definitiva el valor fundamental que consagra para todos los venezolanos el Estado Social de Justicia y de Derecho que consagra la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.