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| Edison Durán - Dir. Gral. Mov. Por la Calidad del Agua |
(Daniel Pabón | dpabon@el-carabobeno.com) Luisa Estella Morales se despidió de la presidencia de la Sala Constitucional sin desenturbiar, por la vía del Derecho, el problema de la calidad del agua en la región central.
El Tribunal Supremo de Justicia se declaró sin competencia para conocer la demanda y solicitud de medida cautelar presentada por la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua contra el Estado venezolano, a través de Hidrocentro.
El 22 de marzo de 2012 la Fundación exigió que se garantice el derecho humano y constitucional a la salud, ordenando que el trasvase de aguas del Lago de Valencia hacia Pao-Cachinche fuese sustituido por otra alternativa que no atente contra la calidad del embalse.
El lunes 6, y con ponencia de la magistrada Morales, la Sala Constitucional recalificó la solicitud como una “reclamación por la prestación del servicio público de agua potable y de saneamiento”. Por eso declinó la competencia al Juzgado de Municipio que corresponda en Valencia.
Es una pena que el TSJ, en conocimiento de que tres millones de carabobeños y aragüeños consumen agua no potable, tarde más de un año en dar una respuesta que evade la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la salud a los ciudadanos, reaccionó el director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, Edison Durán Lucena. Las fallas de la hidrológica sobre la potabilización y saneamiento del líquido trascienden a 14 municipios, acotó.
Sin lugar
La sentencia deja correr el tema de fondo del documento interpuesto: pruebas científico-técnicas sobre lo que implica la degradación de Pao-Cachinche, las complicaciones de la potabilización de sus aguas en la planta Alejo Zuloaga y su posible afectación a la calidad de vida. “El TSJ se desentiende así de todos los efectos negativos sobre la salud de los abastecidos”, rebatió Durán Lucena.
Tampoco tuvieron lugar otras tres peticiones que acompañaron el recurso. 1) Que se impidiera el incremento de agua del Lago que vierten sin tratamiento en el embalse, un proyecto que está en marcha. 2) Que se ordenara al Ministerio del Ambiente la presentación de estudios de impacto ambiental antes de empezar las obras, un requisito incumplido para la construcción del trasvase en 2007. 3) Y que se notificara el problema hídrico a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo.
El cierre de grifo del TSJ deja implícito no solo que continuará el bombeo de aguas del Lago hacia un embalse destinado al consumo humano, sino que tendrá luz verde la medida de aumentar la potencia del trasvase, considerada por el Gobierno como la solución al crecimiento del nivel de esa olla hidrográfica. Se configura que todo siga igual e imposibilita que los ciudadanos se defiendan, asomó Durán Lucena.
La Fundación no descarta apelar a instancias internacionales y sus voceros prevén el anuncio de estas acciones en rueda de prensa, la próxima semana.
Se repite
No es la primera vez que el Tribunal Supremo se declara sin competencia para hacer exigencias al Ministerio del Ambiente y a Hidrocentro. El 28 de junio de 2011 la Sala Constitucional también declinó en los juzgados de municipio la tarea de solicitarle a la filial de Hidroven el cumplimiento del artículo 66 de la Ley Orgánica de Suministro de Agua Potable y Saneamiento.
El texto obliga a las hidrológicas a publicar periódicamente en material de libre distribución, y dar a conocer directamente a los suscriptores, utilizando medios de amplia difusión, información actualizada sobre los niveles de calidad de los servicios que presta.
Durán Lucena recordó que Hidrocentro lo cumple a medias y a destiempo. De los 54 indicadores divulga 11 en su sitio web. Las dosis mensuales del metal aluminio de los dos últimos años mantuvieron excesos que incumplen la norma. Se desconocen los perfiles de calidad hídrica desde enero.
Fiuente: El Carabobeño
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