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domingo, 30 de junio de 2013

Procuraduría solicitó 90 días para revisar caso Hidrocentro

Valencia, junio 30 (Marlene Castellanos).- La Procuraduría General de la República, solicitó al Tribunal tercero de Valencia un lapso de 90 días para evaluar las pruebas con las que se establecen que no se está garantizando la calidad del agua a los carabobeños, a fin de poder armar la defensa de la empresa hídrica.

Así lo dio a conocer Manuel Pérez Rodríguez, director del Movimiento por la Calidad del Agua, quien comentó que debido a esta solicitó el organismo judicial no tendrá más actuaciones sobre este caso hasta que se cumpla el tiempo solicitado por el ente nacional. Cabe señalar que los 90 días comenzaron a regir desde el jueves de la semana pasada y se espera que sea en septiembre cuando inicie el proceso.

Pérez comentó que el sector lo único que quiere es que se diga la verdad sobre la situación sanitario-ambiental que impera desde hace muchos años en la entidad, en lo que se refiere a la calidad del agua, pues los ciudadanos tienen derecho a tener buenos servicios.

No obstante, anunció que el Movimiento aprovechará estos 90 días para invitar a la población y a los diferentes gremios que se sumen a esta causa legal para que se implementen las obras de saneamiento que requiere la cuenca del Lago de Valencia y el Río Pao.

“El diagnóstico de toda la situación se la entregamos al Ministerio del Ambiente, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y al Tribunal Supremo de Justicia, en donde se establece el escenario que está influyendo en el deterioro del embalse del Pao Cachinche, lo cual está afectando la calidad del agua que está recibiendo la población a través Acueducto Regional del Centro”.

miércoles, 26 de junio de 2013

Defensores de calidad del agua en expectativa ante demanda

La solicitud también contempla una medida cautelar para proteger
el embalse Pao-Cachinche. 
(Foto El Carabobeño)
Esperanzados y a la expectativa. Así se mantienen representantes de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua ante la demanda, recién admitida en los juzgados municipales, que busca garantizar que el suministro de agua sea potable.

La solicitud también contempla una medida cautelar para proteger el embalse Pao-Cachinche de los efectos ocasionados por el vertido de aguas no tratadas provenientes del Lago de Valencia, y contra la posible instalación de otro trasvase, anunciada varias veces por el Gobierno Nacional, sin haber efectuado un estudio de impacto ambiental.

El director de Desarrollo Técnico y Asesoría Ambiental de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, Manuel Pérez Rodríguez, recordó que cuando presentaron el primer recurso de amparo, el 22 de marzo de 2012 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se explicó por qué se requiere el cumplimiento de los derechos a la salud y a un ambiente sano.

El integrante de la organización explicó que gracias a los documentos que presentaron al TSJ se verificó el caso, y el máximo tribunal resolvió declinar esta competencia a los juzgados de municipio, los cuales deberán llamar a los involucrados para que estos aporten sus puntos de vista sobre la situación.

martes, 25 de junio de 2013

Admitida en juzgado municipal demanda por calidad del agua

Edison Durán Lucena
(Daniel Pabón - El Carabobeño) Un juzgado municipal de Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial de Carabobo admitió el 11 de junio una acción ciudadana interpuesta por la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, anunció su director general, Edison Durán Lucena.

La demanda busca garantizar que el suministro de agua sea potable, para que se salvaguarde la salud de cerca de tres millones de habitantes de la región central abastecidos por el embalse Pao-Cachinche. También solicitaron una medida cautelar para proteger esta represa de los efectos ocasionados por el vertido de aguas no tratadas provenientes del Lago de Valencia, así como la pretensión de otro trasvase sin haber realizado el estudio de impacto ambiental correspondiente.

La causa se inició el 22 de marzo de 2012, cuando fue introducido un recurso de amparo por el derecho a la salud y a un ambiente sano ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El pasado 6 de mayo, con ponencia de la magistrada Luisa Estella Morales, el TSJ declinó su competencia a los juzgados de municipio y recalificó la acción como una “demanda de omisión, demora o deficiente prestación de servicio público”.

El procedimiento, en curso ahora en Valencia, contempla que Hidrocentro deberá presentar un informe explicando las causas de las deficiencias en el servicio, seguido de una audiencia preliminar oral en la que las partes podrán exponer ante el juez los elementos de prueba que serán analizados en un juicio breve, según contempla la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.