La solicitud también contempla una medida cautelar para proteger el embalse Pao-Cachinche. (Foto El Carabobeño) |
Esperanzados y a la expectativa. Así se mantienen representantes de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua ante la demanda, recién admitida en los juzgados municipales, que busca garantizar que el suministro de agua sea potable.
La solicitud también contempla una medida cautelar para proteger el embalse Pao-Cachinche de los efectos ocasionados por el vertido de aguas no tratadas provenientes del Lago de Valencia, y contra la posible instalación de otro trasvase, anunciada varias veces por el Gobierno Nacional, sin haber efectuado un estudio de impacto ambiental.
El director de Desarrollo Técnico y Asesoría Ambiental de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, Manuel Pérez Rodríguez, recordó que cuando presentaron el primer recurso de amparo, el 22 de marzo de 2012 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se explicó por qué se requiere el cumplimiento de los derechos a la salud y a un ambiente sano.
El integrante de la organización explicó que gracias a los documentos que presentaron al TSJ se verificó el caso, y el máximo tribunal resolvió declinar esta competencia a los juzgados de municipio, los cuales deberán llamar a los involucrados para que estos aporten sus puntos de vista sobre la situación.
Medidas
Justificar el trasvase del Lago de Valencia a la represa y exponer el motivo de por qué las aguas no son óptimas, son algunas de las respuestas que deberá dar Hidrocentro, debido a que el procedimiento plantea que esta empresa tiene que presentar un informe explicando las causas de las deficiencias en la prestación del servicio.
Además, debe exponer las medidas que pueden aplicarse para que, por ejemplo, los lodos de la planta potabilizadora Alejo Zuloaga no lleguen al embalse. “Cada día el Pao-Cachinche está más comprometido”, sostuvo.
Pérez Rodríguez indicó que una de las consecuencias es que establezcan el compromiso de atacar todos los problemas sanitarios que se presentan. En 1999 el Gobierno Nacional contaba con los estudios para resolver el crecimiento descontrolado del nivel del Lago.
El miembro de la fundación destacó que también se deberían construir las plantas de tratamiento de aguas residuales que necesita la región. “Esperamos que el tribunal ponga orden en este caos”
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