Mov. Por la Calidad del Agua y ProAcceso exigen transparencia en la gestión pública del agua en Venezuela

(Caracas. 27.03.2014) Año a año se asegura haber cumplido las metas del Milenio en materia de acceso al agua potable, que según cifras oficiales, la cobertura es mayor del 96%[1]. La realidad es que el servicio se presta en condiciones deficientes de cantidad, calidad y continuidad en todo el territorio nacional. 

La gestión del agua en el país se maneja con secretismo, por una parte negándose el acceso a la información a los ciudadanos, y por otro, instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, amedrentando a periodistas, organizaciones y personalidades de la sociedad civil que exigen respuestas claras a los problemas sanitario-ambientales del cual el propio Estado es responsable.[2]

Aunque las cifras oficiales dan cuenta de más de un 85% de cobertura en el tratamiento de las aguas servidas[3] de las poblaciones urbanas, la realidad es que la gran mayoría de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del país se encuentra en avanzado estado de deterioro, por lo cual no realizan con la debida eficiencia los procesos de depuración, incrementando así la contaminación de los cuerpos de agua que se supone deben proteger, como lo reconoció la Contraloría General de la República en su informe especial del 2010[4] y se evidenció en la evaluación microbiológica de agua de grifo, fechada el 26 de septiembre de 2011, por el Centro de Investigaciones Microbiológicas Aplicadas de la Universidad de Carabobo. [5]

Pese a que las normas venezolanas establecen la obligación de informar periódicamente a los ciudadanos de la calidad del agua que consumen[6], prácticamente ninguna Hidrológica en el País cumple con ello en términos regulares y confiables. Hidrocentro, uno de los pocos que publica sus valores, solo muestra en su página web[7] 11 de los 54 ítems que se establecen en Gaceta Oficial[8]. Varias acciones legales ante el TSJ y tribunales municipales[9] que se han emprendido por el libre acceso a la información pública sobre la calidad del servicio de agua potable y saneamiento, han sido desestimadas por el Poder Judicial, bajo argumentos leguleyos que vulneran el derechos constitucional de los ciudadanos a saber, a tener un ambiente sano y el derecho a la salud. Diversas organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, como la Fundación Movimiento Por la Calidad del Agua, han presentado, desde hace más de 5 años, evidencia científico-técnica que muestra cómo a la población de los Estados Aragua, Carabobo y Cojedes, se le ha estado suministrando desde el año 2007 agua que no cumple con las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable vigentes, llegándose a demostrar el suministro con altos niveles de concentración de químicos(entre ellos Aluminio) muy por encima de la norma vigente, así como la presencia de bacterias, parásitos, y hasta coliformes fecales en el agua suministrado para el consumo de la población. Diversas organizaciones médicas y profesionales de la toxicología han alertado sobre los efectos a mediano y largo plazo de la ingesta de agua en estas condiciones, sobre la salud de la población abastecida. 

En cuanto a obras públicas, la principal causa de la contaminación del Embalse Pao-Cachinche, que surte la región central, se ve agravada por la construcción y puesta en marcha en 2007 (sin haberse realizado un estudio de impacto ambiental) de un sistema de trasvase de envía a ese reservorio, más de 5.600 litros por segundo de aguas contaminadas y sin ningún tipo de tratamiento del Lago de Valencia, contribuyendo a acelerar el deterioro de su calidad y comprometiendo su usabilidad como fuente apta para el abastecimiento. Los avances en esta materia se desconocen debido a que los canales informativos con las hidrológicas se cerraron luego del exhorto de los tribunales. 

En el estado Delta Amacuro, durante la gestión de la gobernadora Lizeta Hernández (2008 – 2012), fue removida de la comunidad de San Francisco de Guayo, Municipio Antonio Diaz una planta potabilizadora de micro filtración instalada por los miembros de la comunidad. Actualmente está retenida por entes gubernamentales y la comunidad no cuenta con sistema de tratamiento. Por su parte la Estación de Bombeo Villa Rosa III lleva más de dos años abandonada y otros casos de obras sin finalizar que han dejado a comunidades de este estado sin el derecho humano de acceso al agua; recurso que es fundamental para su subsistencia. En la Isla de Cocuina, por ejemplo, existen muchísimas fincas preparadas para el cultivo de arroz, enmarcado en el Proyecto de Desarrollo Integral Delta del Orinoco; para la calidad del agua y su distribución se propuso a crear una represa que permitiría mejorar las condiciones. En estos momentos se encuentra totalmente parada. 

Exigimos información sobre estos recursos y proyectos aprobados que se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Todos los venezolanos merecen que el Estado haga un uso responsable y transparente de los recursos para la mejora del servicio de agua potable y saneamiento, por lo cual las organizaciones miembros de la Coalición ProAcceso, en alianza con el Movimiento por la Calidad del Agua y en representación de los más altos intereses de todos los ciudadanos venezolanos, exigimos en marco del Día Mundial del Agua al Gobierno Nacional: 

1. Que el Ministerio del Ambiente haga público en su página web, y para todos los venezolanos, su Memoria y Cuenta, lo cual no hace desde el año 2010, así como los informes de ejecución de cada uno de los proyectos mencionados y relacionados a la mejora del servicio de agua y saneamiento, para los cuales el Estado Venezolano se ha endeudado por suma de aproximadamente $500.000.000 ante organismos internacionales. 

2. Que el Ministerio del Ambiente, a través de su empresa HIDROVEN, y todas sus empresas hidrológicas a nivel nacional, cumpla con su obligación de informar a todos los ciudadanos de la calidad del agua para consumo humano con la cual es abastecida, presentando regular y oportunamente, colocando a disposición de todos en sus páginas web los estudios científicos que la avalan. 

3. Que el Ministerio del Ambiente informe a todos los ciudadanos de la región central del País el estatus actual de las obras de control y saneamiento del Lago de Valencia, así como el destino de los $580.000.000 anunciados para su ejecución. 

4. Que se incorpore a las universidades autónomas nacionales, sus centros de Investigación, y las ONGs ambientalistas, en la evaluación y definición de los planes nacionales en el manejo del agua y la recuperación de la infraestructura hidráulica a nivel nacional. 

5. Que el Estado venezolano no criminalice la justa exigencia de mayor transparencia y libre acceso a la información en materia de la gestión del agua y se ofrezcan garantías del derecho humano al acceso al agua potable en nuestro país. 

6. Que los tribunales venezolanos modifiquen el criterio bajo el cual se acordó la exigencia, a los medios de comunicación nacionales y regionales, de presentar un soporte técnico veraz avalado por un organismo competente al momento de difundir información relacionada con la “presunta contaminación del agua”. 

7. Proacceso se adhiere a las conclusiones de Foro Internacional sobre Integridad del Agua realizado en los Países Bajos del 5 al 7 de junio de 2013, firmadas por más de 100 expertos de 75 organizaciones de todo el mundo: http://www.waterintegrityforum.com/?page_id=519 .

Carabobo sabrá en 2014 si mejorará la calidad del agua por la vía judicial

Ambientalistas quieren evitar el trasvase de aguas no tratadas. (El Carabobeño)

(Daniel Pabón - dpabon@el-carabobeno.com) ¿Seguirá llegando agua sucia del Lago de Valencia al Pao-Cachinche?, ¿se permitirá que todavía más excedentes sean trasvasados hacia el embalse de los valencianos?, ¿garantizarán las autoridades el derecho a un ambiente sano? Son preguntas que tendrán respuestas en 2014, año en que el llamado Juicio del Agua conocerá sentencia.

En 2013 se comenzó a recorrer el camino de hacer justicia sobre este problema, evaluó Edison Durán Lucena, director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua. Y en 2014, completó, los carabobeños sabrán si existe la posibilidad de solucionarlo a través de la vía judicial. “Veremos si el Estado es capaz de garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos o si está al servicio de defender la imagen del Gobierno”.

La activación Luego de 13 meses de espera, en mayo pasado el Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un recurso de amparo que busca proteger los derechos humanos fundamentales a la salud, al agua potable y a un ambiente sano de tres millones de venezolanos. “El TSJ se lavó las manos”, rechazó el vocero, al recordar que la máxima instancia declinó esa competencia a los juzgados de municipio, por tratarse de un servicio público.

El Juzgado Tercero del área metropolitana de Valencia conoce la demanda desde el 11 de junio pasado, cuando la admitió. “Un procedimiento que ha debido ser, según ordenan las leyes, expedito, rápido y vinculante, se ha convertido más bien en otra instancia donde el gobierno y los poderes públicos han tratado de frenar el avance de una solución”, ponderó Durán Lucena.

¿Por qué lo dice? A la fecha ya debería haber una sentencia firme y vinculante sobre los cuatro puntos de la reclamación contra Hidrocentro por deficiente prestación del servicio de agua potable y saneamiento: que el suministro de agua sea potable; que se salvaguarde la salud de los millones de habitantes de la región abastecidos por la cuenca del Pao; que una medida cautelar proteja los embalses de los efectos ocasionados por el vertido de aguas no tratadas provenientes del Lago de Valencia, y que se evite la pretensión de otro trasvase sin el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Tribunal declaró inadminsible adhesión de cámaras a demanda contra Hidrocentro

Lucio Herrera, Director de Asuntos Legales de FMPCA

Lucio Herrera Gubaira, director legal por la Fundación Movimiento Por la Calidad del Agua, rechazó la decisión del Juzgado Tercero de los municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de Carabobo, al declarar inadmisible las adhesiones que interpusieran Fedecámaras Carabobo, Cámara de Comercio de Valencia y Capemiac, en apoyo a la denuncia introducida por esta fundación, en contra de Hidrocentro e Hidroven, en reclamo por omisión, demora o deficiencia en la prestación del servicio público.

El abogado explicó que el juzgado en este fallo del pasado 15 de noviembre, alega que estas organizaciones de representación empresarial no han demostrado interés en la causa, sin lo que cual no será admitida su intervención en el juicio.

Una vez conocido por las cámaras de producción de Carabobo el contenido del fallo, anunciaron que apelarán ante los juzgados superiores, por considerar que violenta su derecho a respaldar esta causa colectiva, que busca la defensa de un derecho fundamental, como es recibir un servicio de agua potable en condiciones de calidad.

El juicio interpuesto por el Movimiento Calidad del Agua, se basa en la mala prestación del servicio de agua, lo que hoy día ha sido consagrado como un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas, y Venezuela precisamente figura como uno de los países promotores de esta declaratoria, advierte Herrera. “Es por ello que el Estado, a través de todas sus instituciones tiene el deber de garantizar que así sea, y que cuando existan denuncias fundamentadas de que esto no se está cumpliendo".

Herrera indicó que así lo establece la Constitución en su artículo 117 y demás leyes. "Tienen la obligación de permitir que sean los ciudadanos y las organizaciones sociales, las que puedan ventilar estas situaciones, ante los tribunales de justicia, a los fines de que se busque, por vía de una sentencia o de la conciliación, una solución definitiva y viable”.

Fuente: El Carabobeño

Cámaras realizaron proceso de adhesión en favor del juicio del agua

Victor Zerpa,  Damiano Del Vescovo, Edison Duran (Foto El Carabobeño)

(Ana Rodríguez Brazón) Una cuota de responsabilidad a favor de todos los habitantes de la región central y el agua que consumen fue una de las premisas para que este martes la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), junto a la Cámara de Comercio, la Cámara de Pequeños Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo (Capemiac), y la Cámara de Transporte realizaran el proceso de adhesión al juicio contra el Estado venezolano y la Compañía Anónima Hidrológica del Centro (Hidrocentro), para mejorar la calidad del líquido que consumen más de tres millones de personas.

Luego de la readmisión de la demanda hecha por la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, debido a errores cometidos por el mismo tribunal, es la primera adhesión formal que se realiza. Aproximadamente deberían pasar dos semanas para que se realicen nuevamente las notificaciones a Hidrocentro y otras instituciones involucradas en el bienestar de los ciudadanos, explicó Edison Durán, presidente de la organización.

Aunque las cámaras representan el sector industrial, es un compromiso moral y cívico de las instituciones empresariales apoyar las peticiones del movimiento como evitar un nuevo trasvase de la cuenca del Lago de Valencia hacia el embalse Pao-Cachinche, donde serían vertidos 18 mil litros de agua, de la que se ha demostrado contiene alto niveles de aluminio, coliformes fecales y demás componentes dañinos.

Damiano Del Vescovo, presidente de Fedecámaras Carabobo, extendió la invitación a todas las organizaciones a sumarse a esta importante iniciativa que el sector empresarial respalda, debido a que el ambiente debe ser priomordail para todos los sectores y en especial el agua.

Improcedente acumulación de causas en Juicio por el Agua

(Basyl Macías) El Juzgado Tercero de los municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de Carabobo, declaró improcedente la acumulación de las causas en el juicio que se sigue por la demanda introducida por la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua en contra de la Sociedad Mercantil Hidrológica de Venezuela (Hidrocentro) por omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos.

Nastassja Palmiotto Coro, miembro y representante legal de la fundación, declaró que esta semana el juzgado declaró la improcedencia de la acumulación de los dos recursos introducidos en el 2011 y 2012. El primero se basaba en el acceso a la opinión pública mensual de los 52 parámetros, ya que Hidrocentro no da a conocer los informes de la calidad del agua. El segundo versa sobre el derecho a la salud de los habitantes de Carabobo, Aragua y Cojedes, al cuidado del medio ambiente, y que el trasvase de Pao-Cachinche fuese sustituido por otras medidas menos dañinas.

El juez dentro de esta sentencia interlocutoria decidió que no va a acumular las causas y que la única que será ventilada por el tribunal tercero es la del 2012, de la cual tiene sentencia el TSJ del 6 de mayo de 2013, explicó Palmiotto Coro.

La Fundación Movimiento por la Calidad del Agua introdujo dos causas, ante las cuales la Sala Constitucional se declaró incompetente y las declinó hacia los tribunales municipales, en donde no se le hizo ningún seguimiento, explica la abogada. Es en el tribunal tercero donde se admite la demanda de 2012, y comienza el juicio.

Fedecámaras se adherirá al juicio en favor de la calidad del agua

Damiano Del Vescovo - Presidente Fedecámaras Carabobo

A partir de la próxima semana la Federación de Cámaras del estado Carabobo (Fedecamaras) se adherirá a la demanda introducida por la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, en contra del Estado venezolano y la Compañía Anónima Hidrológica del Centro (Hidrocentro), en virtud de las deficiencias del líquido en la región central.

Ante el Juzgado Tercero de Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego, alrededor de 10 cámaras introducirán el documento en apoyo al Movimiento, pues es un deber ciudadano velar por la salud pública, enfatizó Damiano Del Vescovo, presidente de Fedecámaras.

Hace varias semanas el movimiento instó a las organizaciones, consejos comunales y demás instituciones a sumarse a la iniciativa que busca lograr la potabilización del agua, evitar un nuevo trasvase del Lago de Valencia al embalse Pao Cachinche, paralizar la proliferación de enfermedades y otros aspectos perjudiciales para los ciudadanos.

A principios de octubre el tribunal readmitió la demanda, debido a que en septiembre el despacho decidió anular las acciones del juicio alegando que se omitieron normas que atentaban contra el proceso.

Tribunal readmitió el juicio por las deficiencias del agua

Embalse Pao-Cachinche

Dos de dos. El Juzgado Tercero de Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego volvió a admitir la demanda por deficiente prestación del servicio hídrico en Carabobo, a solicitud de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua. 

El mismo despacho ya había aceptado hace cuatro meses conocer la reclamación, pero la semana pasada decidió anular todas las acciones del juicio y reponerlo desde el principio, alegando la omisión de normas que atentaba contra el debido proceso.

Con esto se subsanó cualquier vicio procesal que hubiese podido cometerse por actuaciones u omisiones del propio tribunal, aplaudió el director legal de la fundación, Lucio Herrera Gubaira.

11 notificados La readmisión del caso en tribunales supone la posibilidad de que los demandados, Hidroven e Hidrocentro, expliquen la causa de su deficiencia en la prestación del servicio y de que la justicia se pronuncie sobre el derecho a la salud de tres millones de venezolanos abastecidos por Pao-Cachinche y Pao-La Balsa, embalses que reciben los excedentes del Lago de Valencia.

Toda la institucionalidad del Estado conocerá las pruebas consignadas por los demandantes, dijo el abogado. El juzgado ordenó librar boletas de notificación, además del Colegio de Médicos, a 11 entes del gobierno regional y nacional.