Carabobo sabrá en 2014 si mejorará la calidad del agua por la vía judicial

Ambientalistas quieren evitar el trasvase de aguas no tratadas. (El Carabobeño)

(Daniel Pabón - dpabon@el-carabobeno.com) ¿Seguirá llegando agua sucia del Lago de Valencia al Pao-Cachinche?, ¿se permitirá que todavía más excedentes sean trasvasados hacia el embalse de los valencianos?, ¿garantizarán las autoridades el derecho a un ambiente sano? Son preguntas que tendrán respuestas en 2014, año en que el llamado Juicio del Agua conocerá sentencia.

En 2013 se comenzó a recorrer el camino de hacer justicia sobre este problema, evaluó Edison Durán Lucena, director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua. Y en 2014, completó, los carabobeños sabrán si existe la posibilidad de solucionarlo a través de la vía judicial. “Veremos si el Estado es capaz de garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos o si está al servicio de defender la imagen del Gobierno”.

La activación Luego de 13 meses de espera, en mayo pasado el Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un recurso de amparo que busca proteger los derechos humanos fundamentales a la salud, al agua potable y a un ambiente sano de tres millones de venezolanos. “El TSJ se lavó las manos”, rechazó el vocero, al recordar que la máxima instancia declinó esa competencia a los juzgados de municipio, por tratarse de un servicio público.

El Juzgado Tercero del área metropolitana de Valencia conoce la demanda desde el 11 de junio pasado, cuando la admitió. “Un procedimiento que ha debido ser, según ordenan las leyes, expedito, rápido y vinculante, se ha convertido más bien en otra instancia donde el gobierno y los poderes públicos han tratado de frenar el avance de una solución”, ponderó Durán Lucena.

¿Por qué lo dice? A la fecha ya debería haber una sentencia firme y vinculante sobre los cuatro puntos de la reclamación contra Hidrocentro por deficiente prestación del servicio de agua potable y saneamiento: que el suministro de agua sea potable; que se salvaguarde la salud de los millones de habitantes de la región abastecidos por la cuenca del Pao; que una medida cautelar proteja los embalses de los efectos ocasionados por el vertido de aguas no tratadas provenientes del Lago de Valencia, y que se evite la pretensión de otro trasvase sin el estudio de impacto ambiental correspondiente.

El inicio pospuesto Alegando que la omisión de normas atentaba contra el debido proceso, el tribunal anuló todas las acciones del litigio y lo volvió a admitir desde el principio, el pasado 27 de septiembre. En octubre se conoció que el juez declaró improcedente acumular anteriores recursos introducidos por la misma causa y en noviembre se supo que fueron rechazadas las adhesiones al juicio consignadas por Fedecámaras y las cámaras de Comercio, Transporte y de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo (Capemiac). “En la práctica esto es un irrespeto al ejercicio de derechos ciudadanos”, protestó Durán Lucena.

Toda la institucionalidad del Estado sabe del caso. El juzgado libró boletas de notificación, además del Colegio de Médicos, a 11 entes públicos: Defensoría del Pueblo, Indepabis, Ministerio Público, Fundacomunal, el procurador general de la Circunscripción Judicial de Carabobo, los ministerios de Ambiente y Salud, la Fiscalía General de la República, la defensora del pueblo, la Asamblea Nacional y el procurador general de la República.

De acuerdo con las leyes, la inclusión de la Procuraduría implica que el juicio se suspenderá por 90 días continuos desde la fecha en que esa notificación sea consignada en el expediente del caso. Al menos hasta la primera semana de diciembre esto aún no había ocurrido, trascendió extraoficialmente.

Cuando finalice la suspensión de tres meses, Hidrocentro tendrá cinco días para explicar sus argumentos por escrito. Luego se debe fijar una audiencia, que conducirá finalmente a una sentencia.

La voz oficial Para el Gobierno la salud de tres millones de personas sigue siendo un tema politizado. Miguel Rodríguez, ministro de Ambiente, desestimó a principios de diciembre esta denuncia. “Falsean la realidad diciendo que no estamos entregando agua de calidad. Retamos a que demuestren que el agua que entregamos a la gente no es potable”.

El que ha politizado el tema es el Gobierno nacional, reaccionó Durán Lucena. “No ha querido que en una reunión técnica los denunciantes les enseñemos las pruebas ni han visibilizado los estudios de agua potable que dicen tener, para contrastarlos. Han caído en el terreno de la descalificación a priori”.

El 2014 será un año sin votaciones en el horizonte. ¿Repetirá el Ejecutivo el mismo argumento de que las denuncias hídricas surgen en función de campañas electorales? Una pregunta más que se hace el ambientalista y que también tendrá respuesta en los próximos 12 meses.

Otras grandes dudas Si el Min-Ambiente ya está construyendo el segundo trasvase desde el Lago de Valencia hacia la cuenca del Pao; si se ejecutaron los recursos de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo para rehabilitar la planta potabilizadora Alejo Zuloaga; si tiene fecha la culminación de la planta depuradora La Mariposa II; si el proceso operativo allí y en Los Guayos cumple los parámetros de calidad, y si Hidrocentro publicará el resto de indicadores que le exige la ley. Son dudas que enumera Edison Durán Lucena, director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, y que se quedaron sin respuesta en 2013. “Lo que sucedió en el último año fue un mutis total del Gobierno sobre sus políticas ambientales para la situación del Lago de Valencia y el embalse Pao-Cachinche”.