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| Lucio Herrera Gubaira - Dir. de Asuntos Legales FMPCA |
El Juzgado Tercero de Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego recomenzó esta semana el juicio del agua. La decisión, sin embargo, mantiene vigente el reclamo por deficiente prestación de ese servicio público en la región.
En la sentencia de reposición, fechada el martes 24, el tribunal observa que, tras una revisión exhaustiva a las actas, omitió normas de orden procesal que atentan contra el debido proceso, específicamente el derecho a la defensa. Ejemplifica que, cuando ordenó la citación de los demandados (Hidroven e Hidrocentro), debió citar de manera individualizada a cada hidrológica. También argumenta la necesidad de identificar a los consejos comunales afectados por la calidad del agua.
El nuevo documento toma en cuenta un llamado de atención que hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia del pasado 6 de mayo, cuando ordenó revisar exhaustivamente la procedencia de este caso.
Por estos motivos, el juzgado anuló todas las acciones realizadas desde que había admitido la demanda por primera vez, el pasado 11 de junio. “Se repone la causa al Estado de pronunciarse sobre la admisión o no de la presente reclamación”, se lee en la sentencia.
El viernes venció el lapso de tres días que asiste al juez para resolver, de nuevo, si admite la demanda, consignada inicialmente por directivos e integrantes de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua acompañados por seis ciudadanos de la sociedad civil. La próxima semana debería conocerse este pronunciamiento.
Confianza
Los demandantes dieron un voto de oportunidad al tribunal, para que subsane sus propios errores. “Queremos que el proceso marche sin vicios”, reaccionó el director legal de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, Lucio Herrera Gubaira.
El abogado interpuso este viernes un escrito en el que exhorta a buscar el equilibro procesal y a dar garantía de celeridad en el dictamen de un segundo auto de admisión y las correspondientes nuevas citaciones a los involucrados.
Si la justicia vuelve a dar curso a la demanda se abre nuevamente la posibilidad de que gremios profesionales, investigadores, consejos comunales y particulares se adhieran al reclamo, recordó Herrera Gubaira. “La causa no ha sido suspendida”, insistió.
El caso
El Día del Agua del año 2012 el grupo ecologista introdujo un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del TSJ. Pedía, entre otros puntos, que el Estado garantice y proteja el derecho a la salud de las tres millones de personas abastecidas por el embalse Pao-Cachinche, que cese el vertido de excedentes del Lago de Valencia que de manera permanente caen en esta represa y que se impida que el Gobierno Nacional aumente la potencia de este trasvase.
Con ponencia de la magistrada Luisa Estella Morales, el pasado 6 de mayo el TSJ recalificó la solicitud como una “reclamación por la prestación del servicio público de agua potable y de saneamiento”. Por eso declinó esta competencia a los juzgados municipales del área metropolitana de Valencia.
Fue el 11 de junio cuando el juzgado tercero admitió la demanda. La Procuraduría General de la República, uno de los organismos del Estado citados, solicitó de inmediato el lapso de 90 días continuos que por ley le asiste para conocer el caso. Vencieron con el reinicio de las actividades judiciales, el pasado 16 de septiembre, recordó Herrera Gubaira, pero ni Hidrocentro ni Hidroven cumplieron el siguiente paso: presentar un informe al tribunal explicando por qué hay deficiencias en el servicio.
Fuente: El Carabobeño
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