Mov. Por la Calidad del Agua y ProAcceso exigen transparencia en la gestión pública del agua en Venezuela

(Caracas. 27.03.2014) Año a año se asegura haber cumplido las metas del Milenio en materia de acceso al agua potable, que según cifras oficiales, la cobertura es mayor del 96%[1]. La realidad es que el servicio se presta en condiciones deficientes de cantidad, calidad y continuidad en todo el territorio nacional. 

La gestión del agua en el país se maneja con secretismo, por una parte negándose el acceso a la información a los ciudadanos, y por otro, instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, amedrentando a periodistas, organizaciones y personalidades de la sociedad civil que exigen respuestas claras a los problemas sanitario-ambientales del cual el propio Estado es responsable.[2]

Aunque las cifras oficiales dan cuenta de más de un 85% de cobertura en el tratamiento de las aguas servidas[3] de las poblaciones urbanas, la realidad es que la gran mayoría de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del país se encuentra en avanzado estado de deterioro, por lo cual no realizan con la debida eficiencia los procesos de depuración, incrementando así la contaminación de los cuerpos de agua que se supone deben proteger, como lo reconoció la Contraloría General de la República en su informe especial del 2010[4] y se evidenció en la evaluación microbiológica de agua de grifo, fechada el 26 de septiembre de 2011, por el Centro de Investigaciones Microbiológicas Aplicadas de la Universidad de Carabobo. [5]

Pese a que las normas venezolanas establecen la obligación de informar periódicamente a los ciudadanos de la calidad del agua que consumen[6], prácticamente ninguna Hidrológica en el País cumple con ello en términos regulares y confiables. Hidrocentro, uno de los pocos que publica sus valores, solo muestra en su página web[7] 11 de los 54 ítems que se establecen en Gaceta Oficial[8]. Varias acciones legales ante el TSJ y tribunales municipales[9] que se han emprendido por el libre acceso a la información pública sobre la calidad del servicio de agua potable y saneamiento, han sido desestimadas por el Poder Judicial, bajo argumentos leguleyos que vulneran el derechos constitucional de los ciudadanos a saber, a tener un ambiente sano y el derecho a la salud. Diversas organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, como la Fundación Movimiento Por la Calidad del Agua, han presentado, desde hace más de 5 años, evidencia científico-técnica que muestra cómo a la población de los Estados Aragua, Carabobo y Cojedes, se le ha estado suministrando desde el año 2007 agua que no cumple con las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable vigentes, llegándose a demostrar el suministro con altos niveles de concentración de químicos(entre ellos Aluminio) muy por encima de la norma vigente, así como la presencia de bacterias, parásitos, y hasta coliformes fecales en el agua suministrado para el consumo de la población. Diversas organizaciones médicas y profesionales de la toxicología han alertado sobre los efectos a mediano y largo plazo de la ingesta de agua en estas condiciones, sobre la salud de la población abastecida. 

En cuanto a obras públicas, la principal causa de la contaminación del Embalse Pao-Cachinche, que surte la región central, se ve agravada por la construcción y puesta en marcha en 2007 (sin haberse realizado un estudio de impacto ambiental) de un sistema de trasvase de envía a ese reservorio, más de 5.600 litros por segundo de aguas contaminadas y sin ningún tipo de tratamiento del Lago de Valencia, contribuyendo a acelerar el deterioro de su calidad y comprometiendo su usabilidad como fuente apta para el abastecimiento. Los avances en esta materia se desconocen debido a que los canales informativos con las hidrológicas se cerraron luego del exhorto de los tribunales. 

En el estado Delta Amacuro, durante la gestión de la gobernadora Lizeta Hernández (2008 – 2012), fue removida de la comunidad de San Francisco de Guayo, Municipio Antonio Diaz una planta potabilizadora de micro filtración instalada por los miembros de la comunidad. Actualmente está retenida por entes gubernamentales y la comunidad no cuenta con sistema de tratamiento. Por su parte la Estación de Bombeo Villa Rosa III lleva más de dos años abandonada y otros casos de obras sin finalizar que han dejado a comunidades de este estado sin el derecho humano de acceso al agua; recurso que es fundamental para su subsistencia. En la Isla de Cocuina, por ejemplo, existen muchísimas fincas preparadas para el cultivo de arroz, enmarcado en el Proyecto de Desarrollo Integral Delta del Orinoco; para la calidad del agua y su distribución se propuso a crear una represa que permitiría mejorar las condiciones. En estos momentos se encuentra totalmente parada. 

Exigimos información sobre estos recursos y proyectos aprobados que se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Todos los venezolanos merecen que el Estado haga un uso responsable y transparente de los recursos para la mejora del servicio de agua potable y saneamiento, por lo cual las organizaciones miembros de la Coalición ProAcceso, en alianza con el Movimiento por la Calidad del Agua y en representación de los más altos intereses de todos los ciudadanos venezolanos, exigimos en marco del Día Mundial del Agua al Gobierno Nacional: 

1. Que el Ministerio del Ambiente haga público en su página web, y para todos los venezolanos, su Memoria y Cuenta, lo cual no hace desde el año 2010, así como los informes de ejecución de cada uno de los proyectos mencionados y relacionados a la mejora del servicio de agua y saneamiento, para los cuales el Estado Venezolano se ha endeudado por suma de aproximadamente $500.000.000 ante organismos internacionales. 

2. Que el Ministerio del Ambiente, a través de su empresa HIDROVEN, y todas sus empresas hidrológicas a nivel nacional, cumpla con su obligación de informar a todos los ciudadanos de la calidad del agua para consumo humano con la cual es abastecida, presentando regular y oportunamente, colocando a disposición de todos en sus páginas web los estudios científicos que la avalan. 

3. Que el Ministerio del Ambiente informe a todos los ciudadanos de la región central del País el estatus actual de las obras de control y saneamiento del Lago de Valencia, así como el destino de los $580.000.000 anunciados para su ejecución. 

4. Que se incorpore a las universidades autónomas nacionales, sus centros de Investigación, y las ONGs ambientalistas, en la evaluación y definición de los planes nacionales en el manejo del agua y la recuperación de la infraestructura hidráulica a nivel nacional. 

5. Que el Estado venezolano no criminalice la justa exigencia de mayor transparencia y libre acceso a la información en materia de la gestión del agua y se ofrezcan garantías del derecho humano al acceso al agua potable en nuestro país. 

6. Que los tribunales venezolanos modifiquen el criterio bajo el cual se acordó la exigencia, a los medios de comunicación nacionales y regionales, de presentar un soporte técnico veraz avalado por un organismo competente al momento de difundir información relacionada con la “presunta contaminación del agua”. 

7. Proacceso se adhiere a las conclusiones de Foro Internacional sobre Integridad del Agua realizado en los Países Bajos del 5 al 7 de junio de 2013, firmadas por más de 100 expertos de 75 organizaciones de todo el mundo: http://www.waterintegrityforum.com/?page_id=519 .