(Oscar Medina) Rara, por decir algo, es esa afirmación de que las denuncias sobre la calidad del agua forman parte de una campaña terrorista. Curiosa campaña sería porque los avisos de alerta comenzaron en Valencia a mediados del año 1999. Y desde entonces han sido cada vez más precisos en sus señalamientos. Pero hubo que esperar a que asomara la amenaza en Caracas para que se le diera la importancia que debió haber tenido desde el principio. Y apenas ahora es cuando la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional comienza lentamente a ocuparse del tema.
Tan lento que el pasado miércoles 21 anunciaron que dentro de un mes irán a ver cómo es eso de la contaminación en el Lago de Valencia.
Que voceros y dependencias oficiales digan hoy que no manejan cuestionamientos concretos y formales sobre el tema es cosa de no creer. Además de lo aparecido en prensa se podría empezar por citar una carta del 21 de abril de 2010 en la cual la organización civil Movimiento por la Calidad del Agua -con firmas de 1.300 ciudadanos carabobeños- solicitó al presidente de la Hidrológica del centro, Manuel Fernández, que se dieran a conocer al público los estudios científico-técnicos practicados al agua que se suministra a la capital carabobeña.
¿El atrevimiento de una horda opositora? Nada de eso: apenas le estaban pidiendo que cumpliera con normas venezolanas como el derecho de petición de información sobre asuntos públicos contemplado en la Constitución, como el artículo 66 de la Ley del servicio de agua potable que exige que esos resultados se publiquen quincenalmente en medios de circulación regional y que cumpliera con otros artículos de las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable sobre la frecuencia con la que se debe realizar "la evaluación de los parámetros microbiológicos, organolépticos, físicos, químicos y radiactivos" del líquido suministrado por Hidrocentro.
Y pedían, además, que se permitiera el acceso "al sistema de potabilización de las aguas públicas" a investigadores, profesionales y a la comunidad organizada para hacer análisis independientes. Solicitaban también una copia del estudio de impacto ambiental que debió haberse realizado antes de activar -en 2007- lo que disparó el problema: el trasvase de las aguas del Lago de Valencia al embalse Pao Cachinche, uno de los principales surtidores de agua de la ciudad y de parte de Aragua.
Esas 1.300 personas que se sentían afectadas ya habían presentado el 26 de marzo de 2010 un recurso jerárquico ante el viceministro del Agua de entonces, Cristóbal Fernández Osío, por la negativa de Hidrocentro a dar a conocer al público los informes técnicos actuales y de los últimos diez años sobre la calidad de las aguas de las plantas de tratamiento de aguas servidas de La Mariposa y Los Guayos y de la planta de potabilización Alejo Zuloaga.
Ante la negativa no sustentada -y el silencio- de Hidrocentro, el 26 de mayo la organización de ciudadanos tocó a las puertas del Ministerio de Ambiente, en concreto a la del viceministro de agua y presidente de Hidroven, Cristóbal Francisco Ortiz para reiterar la solicitud.
Un informe de 100 páginas presentado el 13 de octubre de 2010 a la Defensoría del Pueblo por la gente del Movimiento por la Calidad del Agua hace recuento de estas gestiones previas y de su lastimosa conclusión: "Hidrocentro ha mantenido silencio ante la solicitud sustentada en el artículo 66 de Ley Orgánica de Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento y ha continuado violentando el derecho de los usuarios y usuarios de acceder y conocer la información sobre de la calidad del agua que consumen".
Ese informe recibido a la 1 y 10 de la tarde en la Defensoría del Pueblo junto a una carta dirigida a Gabriela Ramírez no solo contenía quejas: además anexaron algunos estudios y cuadros -con datos proporcionados de forma anónima por trabajadores de Hidrocentro- que demostraban valores irregulares en el agua.
Y antes de eso, por supuesto, también habían intentado obtener respuesta (14 de julio) del ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher.
Lea, que sí hay
La presión generó al menos una medida oficial. El 21 de mayo se creó una comisión gubernamental para ocuparse de estudiar el problema en la que no se permitió la participación de representantes de la organización ciudadana. Esa "comisión del agua" -explica el informe que recibió la Defensora- se comprometió a hacer análisis del agua y a darlos a conocer al público, pero nunca divulgó completamente lo que encontró en Valencia y en su sistema hidrológico.
La siguiente instancia en conocer la problemática fue el Tribunal Supremo de Justicia. El 14 de julio de 2010, la Asociación Civil Anauco -defensora de derechos de los consumidores- presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en el que se solicitaba la protección de derechos fundamentales violentados como el acceso a información de interés para las comunidades, el derecho a servicios óptimos y el derecho incluido en la Ley de Aguas a conocer los parámetros de calidad del agua. Básicamente se pedía lo mismo que a todos los entes que no dieron respuesta.
Casi un año más tarde, el 28 de junio de 2011, el TSJ se declaró incompetente.
El informe que reposa en la Defensoría incluye datos técnicos y científicos de esos que hoy exige la Fiscalía a quien se atreva a denunciar algo referente al agua. Están allí, por ejemplo, análisis de muestras tomadas en el embalse Pao Cachinche que revelan que al 25 de mayo de 2010 los niveles de fósforo total y de nitrógeno total habían aumentado 120% y 137% en relación a estudios de 2005 realizados por investigadores de la Universidad Central de Venezuela. Esto se traduce en una considerable concentración de nutrientes que explicaría la elevada cantidad de bora y lemna que flota en la superficie ¿Y de dónde vienen esos nutrientes? De las aguas servidas, entre otras fuentes.
Si bien la comisión gubernamental no publicó todos los resultados de sus gestiones, el 19 de julio de 2010 dio a conocer datos parciales que reflejan la pobre calidad del agua en el embalse Pao Cachinche y arrojaron una conclusión que se ha pasado por alto: ese líquido no puede ser potabilizado mediante procesos convencionales porque se trata de aguas Tipo 1C que requieren otro tratamiento más allá de la capacidad de la planta Alejo Zuloaga que potabiliza el agua que va al área metropolitana de Valencia.
Cualquiera que vea el informe podrá constatar el lamentable estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de potabilizadoras de Carabobo al menos hasta marzo de 2010 gracias a evidencia gráfica y datos sobre su operatividad. En esas páginas también hay análisis de las plantas de tratamiento La Mariposa I y II; Taiguaiguay y Los Guayos de febrero y marzo de 2010 hechos por Hidrocentro que muestran valores por encima de las normas en porcentajes elevados o dentro de parámetros que reflejan la ineficiencia en la depuración del agua que entra al embalse Pao Cachinche.
También se dieron a conocer resultados de pruebas encargadas por el Movimiento por la Calidad del Agua a laboratorios certificados por el Ministerio de Ambiente (Fundación Tecnológica Integral, Funseim e Hidrolab Toro) que en mayo y junio reflejaron valores fuera de la norma en materia de cloro residual y concentración de aluminio en el agua potable de Valencia. Las mediciones hechas en su momento por la comisión gubernamental del agua junto a Hidrocentro -presentadas parcialmente- reflejaron que 78% de las muestras estaban fuera de la norma en materia de cloro, con valores de hasta 160% por encima del máximo permitido.
Estos datos, que son muy conocidos en Valencia, conducen a los expertos a la conclusión que han presentado una y otra vez: las fallas de potabilización se están compensando con exceso de cloro y aluminio.
El diputado del legislativo de Carabobo, Germán Benedetti, lleva largo tiempo en esta pelea. En su abultado archivo de documentos tiene análisis hechos en agosto de 2011 por el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Carabobo a muestras de agua potable en Valencia que arrojan presencia de cianobacterias. Y esa no es buena noticia para nadie. Lo mismo se encontró en muestras del embalse Pao Cachinche evaluadas por el mismo laboratorio.
Sobre la validez y pertinencia de estas evaluaciones Benedetti responde con más papeles: un intercambio de oficios en el que queda constancia de que el presidente del instituto regional Insalud, Carlos Emiro Méndez, remitió las pruebas a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud el 4 de noviembre de 2011 y esta a su vez se comprometió (4 de enero de 2012) a informar la situación "a las autoridades de Hidroven" para que se apliquen correctivos "de manera que se minimice el riesgo a la salud por la presencia de estos organismos patógenos en el agua que está distribuyendo el Acueducto General del Centro".
Otro documento en manos de Benedetti evidencia que la delegación carabobeña de la Defensoría conoce de primera mano la situación del sistema de tratamiento de aguas. Se trata de un acta de la Defensoría de Carabobo que recoge las incidencias de una visita a la planta La Mariposa hecha el 6 de octubre de 2011 en la que participaron vecinos, empleados de la planta y funcionarios de Ambiente y de la Defensoría. Ese papel oficial -que fue consignado por Benedetti en el legislativo el 21 de diciembre- dice que los trabajos de la planta "están parados"; que "existen solo 3 motores de los reactores en funcionamiento", que "los 8 sedimentadores no están funcionando al igual que los 8 digestores", que el Ministerio de Ambiente no supervisa la planta. Y más: "En consecuencia el procesamiento de las aguas residuales no es completo ni eficaz, lo que origina que dichas aguas vayan al Pao Cachinche sin ser procesadas al 100%".
El estruendo de tanta evidencia podría acallarse con medidas simples: dar a conocer a los consumidores los análisis del agua y el histórico de los últimos años y permitir estudios independientes que despejen lo que con apenas su palabra el Ministro de Ambiente pretende borrar: la duda razonable.
Fuente: El Universal
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